Miembros destacados de la oposición venezolana asociados a las acciones para deponer por vías anticonstitucionales al gobierno legítimo de Nicolás Maduro se encuentran hoy en la mira de la justicia por hechos de corrupción.
El Ministerio Público de Venezuela anunció la víspera el comienzo de una investigación penal contra dos individuos vinculados a manejos turbios de fondos asignados para supuestamente asistir a venezolanos emigrados a Colombia.
A través de la denuncia efectuada por el medio digital Panam Post, las autoridades conocieron de la apropiación de esos capitales por parte de Rossana Barrera y Kevin Rojas, designados para manejar dichos recursos por el diputado Juan Guaidó, informó el fiscal general Tarek William Saab en rueda de prensa.
Los implicados en la red delictiva falsificaron facturas para simular que pagaban hoteles donde se alojaban venezolanos en la ciudad colombiana de Cúcuta, cuando en realidad los gastos corrieron a cargo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), explicó Saab.
Agregó que inflaron el número de militares desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el fin de justificar los desembolsos, que se habrían utilizado para fines personales, como la compra de apartamentos, bebidas alcohólicas, pago de servicios a prostitutas y financiar actos desestabilizadores en Venezuela.
El fiscal general recalcó que los fondos aludidos son enviados desde Venezuela, por lo cual corresponde a las autoridades nacionales investigar, tanto la procedencia como los fines de este dinero.
Subrayó que el Ministerio Público imputará a Rossana Barrera y Kevin Rojas por los delitos de legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir.
Asimismo, calificó de acto grave el hecho de que Juan Guaidó -reconocido por EEUU y sus aliados como presidente interino de Venezuela- haya pretendido usurpar la primera magistratura de la nación con apoyo de potencias extranjeras, y en poco más de cuatro meses ya se encuentre inmerso en casos de corrupción.
Saab señaló al titular de la Asamblea Nacional (parlamento en desacato) como autor intelectual de los mencionados actos delictivos, y subrayó la gravedad de que tenga a su disposición recursos financieros usurpados al país en el exterior, administrados sin ninguna transparencia ni control.
A la par de estas pesquisas, el Juzgado de Control del Área Metropolitana de Caracas ordenó este martes el pase a juicio de los ciudadanos Roberto Marrero y Juan Planchart, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y conspiración.
El tribunal de la causa admitió la acusación fiscal por todos los cargos imputados, y aceptó además la denuncia presentada por el Ministerio Público en el caso de Marrero por ocultamiento de arma de guerra y explosivos, mientras para Planchart le añadieron el delito de financiamiento al terrorismo.
La instancia judicial estableció la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicado en Caracas, como sitio de reclusión para ambos detenidos.
Roberto Marrero resultó aprehendido en su residencia tras un allanamiento realizado por funcionarios del Sebin en marzo pasado, acusado de liderar una célula terrorista que planeaba atentados en el país sudamericano.
Por su parte, los órganos de seguridad detuvieron a Juan Planchart tres días después, tras denuncias de fungir como financista de un plan para importar sicarios a la nación bolivariana con el fin de generar desestabilización, como parte de las acciones de la derecha para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Source: Prensa Latina
