Las declaraciones del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sobre lo sucedido al joven Fernando Santa Cruz, torturado y asesinado durante la dictadura militar, causaron repudio en instituciones, partidos y líderes políticos.
Con devoción fiel por la dictadura militar (1964-1985), el presidente Jair Bolsonaro desató nuevamente la polémica al cuestionar la legitimidad de la Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes cometidos en ese oscuro periodo en Brasil.
Sin pensar, ni meditar en consecuencias, el político de extrema derecha fue capaz de declarar a periodistas que el desaparecido preso político Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira resultó ejecutado por un grupo armado de izquierda y no por los militares. Esto pese a que un documento secreto de Aeronáutica y la propia Comisión atestiguan que fue asesinado por las Fuerzas Armadas en 1974.
Con verbo mordaz y necedad mental, como aseguran psicólogos, el ex militar gobernante aseguró que relataría al hijo del ejecutado, Felipe Santa Cruz, presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), cómo murió su padre.
‘¿Quién es esa OAB? Si un día el presidente de la OAB quiere saber cómo su padre desapareció en el período militar, se lo cuento. No va a querer oír la verdad. Yo se lo cuento’, dijo Bolsonaro, quien nunca ha ocultado su adulación por el régimen castrense y desde su llegada al poder en enero emprendió acciones destinadas a conformar un gobierno autoritario y conservador.
Cuando Fernando, funcionario público e integrante de la organización Acción Popular (AP), fue arrestado y desaparecido el 22 de febrero de 1974, su hijo Felipe tenía dos años de edad. Bolsonaro contaba con 19 y estaba en la academia del Ejército.
Ante los ofensivos y disparatados desahogos del mandatario, Felipe Santa Cruz respondió que exigiría a la Corte Suprema para que se aclaren tales confesiones.
Para Santa Cruz, Bolsonaro actuó como un ‘amigo del sótano de la dictadura’ y demuestra ‘rasgos de carácter graves en un gobernante: crueldad y falta de empatía’.
La OAB rechazó por su parte la declaración del jefe de Estado y remarcó que todas las autoridades del país deberían ‘obedecer la Constitución Federal’.
En ese mismo tono, Eugenia Gonzaga, presidenta de la Comisión Especial sobre Personas Políticas Muertas y Desaparecidas, calificó el discurso de Bolsonaro de ‘extremadamente grave’.
Más leña al fuego
Y para más leña al fuego, la lengua del ex capitán del Ejercito volvió a soltarse para cuestionar nuevamente ante la prensa: ‘¿Crees en la Comisión de la Verdad? ¿Cuál era la composición de la Comisión de la Verdad? ¿Quiénes fueron las siete personas nominadas por Dilma (Rousseff, ex presidenta)?, se respondió.
‘Queremos resolver crímenes. La cuestión de 64, hay documentos de asesinados, no asesinados, esto es una mentira’, agregó el presidente que llamó a las pruebas oficiales de infundadas sobre crímenes durante la dictadura.
Cuando se le preguntó si está dispuesto a proporcionar a la Corte Suprema la información que tiene sobre la muerte de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, indicó que no tiene registros escritos y su versión se basa en el sentimiento.
‘Lo que sí sé es lo que te dije. No hay nada escrito que sea eso, eso fue todo. Mi sensación fue eso’, reiteró.
Sobre escritos para demostrar que el preso político fue asesinado por un grupo de izquierda, Bolsonaro se burló: ‘¿Quieres un documento para eso, Dios mío? El documento es cuando te casas, te divorcias’.
Desatinos
Como era de esperar, Bolsonaro intentó en marzo reivindicar la dictadura y exhortó a los militares a conmemorar el golpe militar de 1964, anuncio que causó una ola de repudio en la sociedad brasileña.
Casi todos los sectores denunciaron la irresponsabilidad del presidente, al intentar justificar el probado hecho y negar los actos criminales de la dictadura militar instalada que cobró más de 430 muertes.
El 31 de marzo de 1964, Brasil vivió uno de los periodos más oscuros y trágicos de su historia: el inicio del régimen castrense luego del complot que derrocó al presidente João Goulart, legítimamente elegido por el voto popular.
Historiadores señalan que la investidura de los uniformados, que se extendió por 21 años, aconteció de forma orquestada y con indumentaria democrática.
Tras años sin distinción en Brasil, la fatídica fecha se hizo notable cuando Bolsonaro informó su propósito de evocarla en los cuarteles, noticia sobre la cual hasta la justicia se pronunció.
En la ocasión, el Ministerio Público apuntó que la actitud del mandatario ‘suena como apología a la práctica de atrocidades masivas y, por lo tanto, merece repudio social y político, sin perjuicio de las repercusiones jurídicas’.
Recalcó que ‘el golpe de Estado de 1964, sin ninguna posibilidad de duda o de revisionismo histórico, fue un rompimiento violento y antidemocrático del orden constitucional’.
Otras voces fustigan a Bolsonaro, quien intenta borrar la memoria histórica de un país desgarrado por la metralla en esos años que dejaron profundas huellas de la barbarie.
Source: Prensa Latina
