Todos aquellos que promuevan, instiguen, organicen o participen en cortes de calles, perderán el diálogo con el Ministerio de Capital Humano, aseveró hoy la titular de esa cartera del Estado argentino, Sandra Pettovello.
De esa manera, la integrante del gabinete de Javier Milei se refirió a integrantes de organizaciones sociales, sindicales y defensoras de los derechos humanos que convocaron a demostraciones para los próximos días con el objetivo de denunciar el plan de ajuste del Gobierno y las medidas contra la realización de protestas.
Si bien manifestarse es un derecho, también lo es circular libremente para dirigirse a su trabajo, señaló Pettovello en un mensaje grabado y anunció el inicio de auditorías a las agrupaciones que entregan planes sociales con el propósito de eliminar intermediarios.
Suspenderemos los certificados de presencialidad que dan las organizaciones (por participar en las marchas). Nos preocupan las madres que concurren con sus hijos. Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar, añadió.
Asimismo, reiteró que quienes participen en las demostraciones no podrán acceder a los planes que poseen.
Ya lo dijo el Presidente: el que corta (la calle), no cobra, apuntó.
La semana pasada, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich informó que la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Federal, así como el sistema penitenciario, intervendrán ante piquetes y bloqueos parciales o totales de lugares públicos.
Si toman la calle habrá consecuencias. Se actuará hasta dejar totalmente liberado el espacio y se empleará la mínima fuerza necesaria y suficiente. La misma será graduada en proporción a la resistencia, afirmó.
Además, indicó que serán identificados “los autores, cómplices e instigadores de ese tipo de delito”, así como los vehículos utilizados, los cuales se incautarán si no cumplen las normas de tránsito y si sus conductores no poseen los documentos requeridos.
Serán sancionados aquellos que lleven niños y se notificarán las autoridades competentes. Por todos los costos de los operativos de seguridad se enviarán las facturas a las organizaciones e individuos responsables. El Estado no pagará por el uso de las fuerzas, añadió.
La Asociación de Trabajadores del Estado y las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, entre otras organizaciones, denunciaron esas decisiones y advirtieron que van en contra de la Constitución.
La protesta social es un derecho, pero también una garantía para el diálogo democrático entre el pueblo y sus representantes. Las peores tragedias de nuestra historia llegaron de la mano de las políticas represivas, apuntaron las Abuelas.
Source: Prensa Latina
