Según el periódico británico The Independent, dos grupos de defensa con sede en EEUU presentaron el miércoles una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, acusándola de utilizar las sanciones impuestas a la Corte Penal Internacional como herramienta para silenciar a los estadounidenses que desean apoyar las investigaciones del tribunal con sede en La Haya.
La demanda, presentada ante un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, impugna una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump en febrero de 2025 que apunta directamente a los jueces, fiscales y otras personas que prestan asistencia a la Corte Penal Internacional.
Violación de la Constitución de EEUU
En su demanda, Democracy for the Arab World Now (DAWN) y la Coalición de Contribuyentes contra el Genocidio afirman que estas sanciones violan la Primera Enmienda de la Constitución de los EEUU al amenazar a los ciudadanos estadounidenses con multas o prisión si se comunican o coordinan con personas sujetas a restricciones estadounidenses.
Este enfrentamiento legal y judicial se produce pocos días después de que la administración estadounidense lanzara un nuevo ataque diplomático contra la Corte Penal Internacional, en el que Washington describió a la corte como una «amenaza a la soberanía estadounidense» y prometió imponer sanciones más amplias y una prohibición de viaje más completa a su personal.
Intimidación a defensores de los derechos humanos y ataques contra Albanese
Los documentos de la demanda afirman que las dos organizaciones de derechos humanos ya se han abstenido de proporcionar a la Corte Penal Internacional material de investigación o de cooperar con defensores de derechos humanos sancionados por Washington, por temor a ser procesadas por EEUU. Entre las figuras más destacadas afectadas por estas medidas estadounidenses se encuentra la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese.
En este contexto, Omar Shakir, director ejecutivo de Democracy for the Arab World Now, afirmó que «la administración Trump está utilizando la herramienta de las duras sanciones económicas no solo para castigar a los defensores de los derechos humanos, sino también para censurar la expresión política de millones de estadounidenses».
Los grupos defensores de los derechos humanos concluyeron su caso solicitando al juez federal que emitiera una orden judicial que impidiera la implementación de la orden ejecutiva de Trump y detuviera sus efectos.
En junio pasado, tres juezas de la Corte Penal Internacional presentaron una demanda contra el presidente Trump y su administración por las sanciones que se les impusieron el año pasado, calificando estas medidas de ilegales.
El año pasado, EEUU impuso sanciones a cuatro juezas de la Corte Penal Internacional por su participación en los procesos judiciales contra los crímenes de Washington en Afganistán y los crímenes de Israel en la Franja de Gaza.
Fuente: Agencias (traducido por el sitio de Al Manar en español)