Human Rights Watch (HRW) ha denunciado la demolición de escuelas palestinas por órdenes de las autoridades israelíes en la Cisjordania ocupada, señalando que la medida forma parte de un sistema de planificación discriminatorio que equivale a un crimen de guerra.
“Israel ha negado reiteradamente a los palestinos permisos para construir escuelas en Cisjordania y ha demolido escuelas construidas sin permisos, lo que hace más difícil o imposible que miles de niños palestinos reciban educación”, dijo la organización pro-derechos humanos con sede en EEUU en un comunicado el miércoles.
Añadió que al menos 44 escuelas palestinas corrían el riesgo de ser demolidas total o parcialmente, ya que las autoridades israelíes dijeron que habían sido construidas “ilegalmente”.
HRW también dijo que las autoridades militares israelíes, desde 2010, arrasaron o incautaron edificios escolares palestinos o propiedades en el territorio ocupado al menos en 16 ocasiones. La organización indicó que 12 de estas últimas han ocurrido desde 2016, y agregó que las fuerzas israelíes habían atacado repetidas veces algunas escuelas.
“Las autoridades israelíes han estado demoliendo durante años escuelas primarias y preescolares en comunidades palestinas”, dijo Bill Van Esveld, investigador sobre derechos infantiles de HRW, y agregó: “La negativa del Ejército israelí a emitir permisos de construcción y su derribo de escuelas sin permisos es discriminatorio y viola el derecho de los niños a la educación”.
La declaración también decía que las demoliciones eran consistentes con otras medidas que el régimen de Tel Aviv había adoptado para hacer “inviables a las comunidades”, incluyendo las demoliciones de casas y el rechazo a darles acceso a servicios como agua y electricidad.
La llamada Área C, que constituye aproximadamente el 61 por ciento de toda Cisjordania, está directamente controlada por el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT).
El COGAT es una unidad del ejército israelí que se dedica a coordinar asuntos civiles entre el régimen israelí, el Ejército israelí, las organizaciones internacionales, los diplomáticos y la Autoridad Palestina.
El COGAT exige permisos para nuevos proyectos de construcción, pero la mayoría de las solicitudes de construcción son rechazadas con firmeza, dejando a donantes internacionales y palestinos sin otra opción que construir nuevos edificios de todos modos sin permisos.
“Se debe advertir a los funcionarios israelíes que arrasar docenas de escuelas palestinas no solo puede impedir que los niños reciban educación, sino que puede ser un crimen internacional”, dijo Van Esveld, añadiendo: “Como parte de sus esfuerzos para apoyar a las escuelas palestinas, los otros países deberían exigir que aquellos que destruyan estas instalaciones rindan cuentas ante los tribunales internacionales”.
Según el Cuarto Convenio de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la destrucción generalizada e ilegal de bienes está prohibida y se considera un crimen de guerra.
Cerca de 600,000 colonos israelíes viven en más de 230 asentamientos construidos ilegalmente desde la ocupación de los territorios palestinos en 1967.
La expansión continua de los asentamientos israelíes es uno de los principales obstáculos para el establecimiento de la paz en el Oriente Medio.
En los últimos meses, Tel Aviv ha intensificado sus actividades de construcción en los asentamientos situados en los territorios palestinos ocupados en 1967 en una flagrante violación del derecho internacional y en desafío a la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Source: Agencias
