El Tribunal Supremo de “Israel” ha dado luz verde al ejército de ocupación israelí para desalojar por la fuerza a más de 1.000 habitantes de ocho aldeas palestinas en la parte sur de Cisjordania ocupada, en una de las mayores decisiones de expulsión desde que comenzó la ocupación israelí de los territorios palestinos en 1967.
La decisión del tribunal superior, emitida durante la noche del miércoles, alega que los habitantes palestinos de la zona rural de Masafer Yatta, que han mantenido una forma de vida nómada durante generaciones y se ganan la vida con la agricultura y el pastoreo, no habían sido residentes permanentes de la región cuando el ejército israelí la declaró por primera vez zona de maniobras en la década de 1980.
Las autoridades israelíes afirman que los habitantes de Masafer Yatta no tienen derechos sobre la tierra, designada como Zona de tiro 918, ya que se utilizará para ejercicios militares, en los que está prohibida la presencia de civiles.
De acuerdo con las convenciones de Ginebra relacionadas con el trato humanitario en la guerra, es ilegal, sin embargo, expropiar tierras ocupadas para fines que no beneficien a las personas que viven allí o trasladar por la fuerza a la población local.
Los residentes de Masafer Yatta y los grupos de derechos israelíes dicen que muchas de las familias palestinas han estado residiendo permanentemente en el área de 3.000 hectáreas (7.400 acres) desde antes de que “Israel” capturara Cisjordania, en la Guerra de 1967, y que su desalojo constituiría una violación del derecho internacional.
“Esto prueba que este tribunal es parte de la ocupación”, dijo el alcalde de Masafer Yatta, Nidal Abu Yunis.
“No vamos a salir de nuestras casas. Nos quedaremos aquí”, señaló.
La organización israelí de derechos humanos B’Tselem también criticó el fallo judicial por tener la intención de trasladar a la fuerza a cientos de palestinos de sus hogares y destruir sus comunidades.
La decisión judicial de desalojo de más de 1.000 palestinos del área de Cisjordania es “con el claro propósito de apoderarse de sus tierras al servicio de los intereses judíos”, dijo.
“Los jueces han demostrado una vez más que los ocupados no pueden esperar justicia en los tribunales del ocupante”, agregó B’Tselem.
“La decisión, que lleva a cabo una interpretación jurídica sin fundamento con hechos descontextualizados, deja en claro que no hay delito que los magistrados del máximo tribunal no encuentren la forma de legitimar”, agregó.
Dijo que al emplear lenguaje endulzado, hipocresía y mentiras, los jueces allanaron el camino para que se cometiera el crimen de traslado forzoso, al tiempo que invirtieron la realidad cuando “el fallo clasificó a las víctimas palestinas como los delincuentes “ilegales”, mientras retrataba al régimen de apartheid como víctima”.
Instó a la comunidad internacional a evitar que “Israel” transfiera por la fuerza a las comunidades y se asegure de que, en caso de que se cometa este crimen, los responsables, incluidos los responables políticos, altos mandos militares y los jueces del Tribunal Supremo, rindan cuentas.
Además, la Asociación por los Derechos Civiles en “Israel” (ACRI), que junto con los residentes de Masafer Yatta se opusieron judicialmente a la expulsión, advirtió que el veredicto tendría “consecuencias sin precedentes”.
“El Tribunal Superior ha autorizado oficialmente dejar a familias enteras, con sus hijos y sus ancianos, sin techo”, dijo la ACRI en un comunicado.
Source: Agencias
