El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, al tiempo que condena las políticas y acciones antiiraníes del Gobierno británico, que contravienen los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, en particular el principio de respeto a la soberanía nacional y la prohibición de recurrir a acciones ilegales contra otros países, subraya la determinación del Gobierno de la República Islámica de Irán de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales de Irán.
Sobre esta base, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, invocando la resolución del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, en respuesta a las acciones hostiles del Gobierno británico durante el último año contra la República Islámica de Irán, entre ellas su participación en la guerra impuesta estadounidense-sionista contra Irán mediante la puesta a disposición de bases e instalaciones militares y logísticas situadas en el territorio bajo jurisdicción británica, así como la decisión de ese Gobierno de incluir al CGRI bajo la Ley de Amenazas Estatales de 2026, con fecha del 22 de tir de 1405 (13 de julio de 2026), anuncia lo siguiente:
a) Desde la publicación de esta declaración (10 de aban de 1405), el Servicio de Inteligencia Exterior del Reino Unido (MI6) queda incluido, conforme al párrafo 2 del artículo 1 de la ley “Agravamiento de las penas por espionaje y cooperación con el régimen sionista y con países hostiles contra la seguridad y los intereses nacionales”, en la categoría de “grupo hostil”, y se aplicarán a esta institución británica las disposiciones de dicha ley.
b) Desde la publicación de esta declaración (10 de aban de 1405), la Marina Real y la Real Fuerza Aérea británicas quedan sujetas a la ley de “acción recíproca frente a la designación del CGRI como organización terrorista por parte de Estados Unidos”, y en consecuencia estas dos instituciones son reconocidas como organizaciones terroristas.
Es evidente que estas medidas se han adoptado de conformidad con las normas del derecho internacional y en el marco del principio de reciprocidad, y la responsabilidad de sus consecuencias recaerá en el Gobierno británico.
Fuente: IRNA
