Diversos sectores israelíes criticaron el jueves la decisión del Tribunal Supremo israelí de no anular la ley del Estado-nación, que define al país como hogar nacional del pueblo judío, lo cual la minoría árabe considera racista y discriminatorio.
El fallo demuestra de manera concluyente que la justicia no protege a los palestinos de “las leyes que se encuentran entre las más racistas del mundo desde la Segunda Guerra Mundial y la caída del régimen del apartheid en Sudáfrica”, afirmó Adalah, un reconocido activista.
La Iniciativa Abraham, una organización sin fines de lucro que trabaja para promover la asociación entre judíos y árabes, llamó a la Knesset (parlamento) a derogar la medida.
“La sentencia no cambia la naturaleza racista y discriminatoria de esa iniciativa que considera ‘a los ciudadanos árabes de “Israel” como ciudadanos de segunda clase”, denunció.
Ningún tribunal puede legitimar un proyecto racista, denunció en Twitter el legislador Ofer Cassif, de la Lista Conjunta, una coalición de partidos árabes-israelíes y de izquierda.
Por el contrario, el ministro de Justicia Gideon Saar celebró el fallo al considerar que no hay ninguna razón para una intervención judicial.
En similar sentido se pronunció la titular del Interior, Ayelet Shaked, quien consideró que el tribunal ni siquiera debió analizar las demandas.
Ambos funcionarios representan al sector más ultraderechista del gobierno de coalición, encabezado por Naftali Bennett, quien también comparte esa ideología.
Los jueces del máximo órgano de justicia del país rechazaron este jueves 15 querellas presentadas contra la legislación, aprobada en 2018 con los votos de la ultraderecha, al señalar que no está dentro de su competencia ordenar la anulación de la ley o involucrarse en su contenido.
Según la sentencia de los jueces, tampoco hay motivos para derogarla porque no está destinada discriminar a ningún grupo social, visión rechazada por los 1,9 millones de árabes-israelíes que viven en este país, y que constituyen el 20 por ciento de la población total.
No obstante, el magistrado cristiano George Kara argumentó que algunas cláusulas de la ley “niegan el núcleo de la identidad democrática de un estado y sacuden los umbrales de la estructura constitucional”.
Source: PL
